La investigación judicial abierta por la gestión del ciberataque que sufrió el Concello de Cangas en mayo de 2023 continúa avanzando. La Fiscalía ha solicitado al juzgado la declaración del responsable político del expediente relacionado con la contratación realizada tras el ataque informático, aunque por el momento el juez todavía no ha resuelto si accederá a esa petición.
El Ministerio Público no identifica expresamente al concelleirocuya comparecencia reclama. Sin embargo, cuando se tramitó el expediente el responsable del área de Facenda era Oliver Álvarez, uno de los principales referentes del gobierno local y del BNG de Cangas. El edil abandonó la corporación en octubre de 2023 alegando motivos personales, sin que se hayan hecho públicas más explicaciones sobre su marcha.
No obstante, la documentación municipal refleja que la única integrante del gobierno local que firmó la resolución de adjudicación del contrato fue la alcaldesa, Araceli Gestido.
La petición de la Fiscalía se enmarca en una causa que sigue abierta para esclarecer las decisiones adoptadas por el Concello tras el ataque de ransomware que paralizó durante semanas buena parte de los servicios municipales.
La causa tiene su origen en la contratación realizada por el Concello tras el ciberataque registrado en mayo de 2023. Ante la imposibilidad de recuperar los sistemas afectados, el gobierno local adjudicó por la vía de emergencia un contrato de 197.843,17 euros a la empresa Evelb Técnicas y Sistemas para labores de descifrado y recuperación de los datos.
La polémica surgió meses después, cuando trascendieron informes y documentación que apuntaban a que la empresa había mantenido contactos con los autores del ataque para obtener las claves necesarias para desbloquear la información municipal. La oposición cuestionó tanto la tramitación del expediente como el destino final de parte de los fondos abonados.
A ese contrato inicial se sumaron posteriormente facturas por valor de 248.415,04 euros vinculadas a trabajos de recuperación de datos, elevando el importe global de las actuaciones relacionadas con el rescate informático hasta los 446.258,21 euros. Además, la controversia se amplió al conocerse que otra sociedad, M3J Meridian Font S.L., administrada por el mismo empresario vinculado a Evelb, también mantuvo relaciones comerciales con el Concello durante ese periodo.