Se trata del requerimiento de documentación que ya había hecho Costas del Estado al consistorio en 2024 y que este no habría contestado pese a que el tripartito defiende lo contrario
La tramitación de las naves de Ojea en Cangas suma un nuevo episodio tras la intervención de la Consellería de Medio Ambiente, que ha confirmado que la Xunta ha tenido que reiterar al Concello la presentación de documentación clave para poder avanzar en el expediente. Según la información facilitada por el departamento autonómico, en diciembre del pasado año el Concello de Cangas presentó una solicitud de cesión de uso de estos terrenos ante el servicio provincial de Costas de Pontevedra, ya bajo competencia autonómica. Dicha petición iba acompañada de un preproyecto fechado en 2012, elaborado cuando Xosé Enrique Sotelo gestionaba la Alcaldía.
Tras analizar la documentación y los antecedentes del expediente, la Xunta detectó que esa misma solicitud ya había sido tramitada previamente ante Costas del Estado, que en su momento había emitido un requerimiento de información adicional al Concello. Sin embargo, según la administración autonómica, esa petición no fue atendida.
Ante esta situación, el servicio de litoral de la Xunta en Pontevedra ha decidido reiterar ahora ese requerimiento al Concello de Cangas, instándole a completar la documentación necesaria para poder continuar con la tramitación administrativa de la concesión. Este movimiento refuerza la tesis defendida en las últimas semanas por el PP, que venía denunciando que el gobierno local no había respondido al requerimiento estatal emitido en marzo de 2024. Los populares consideran que la actuación de la Xunta confirma que el expediente arrastra deficiencias desde entonces y que la nueva solicitud presentada en diciembre no resolvía esas carencias.
Por su parte, el gobierno municipal mantiene su postura y enmarca este nuevo requerimiento dentro de la normalidad administrativa. El ejecutivo local defiende que los trámites siguen en marcha tras el traspaso de competencias a la Xunta y resta importancia a la petición de nueva documentación, que considera un paso habitual en procedimientos de este tipo.
Así, la reiteración del requerimiento por parte de la administración autonómica reaviva la controversia política en torno a uno de los proyectos clave del litoral cangués, con versiones enfrentadas sobre el estado real del expediente y su tramitación.