Estos accesos están situados en las aceras de las carreteras PO-1102 de la Diputación y la PO-551 de la Xunta. «Estos cobros son injustos y carentes de fundamento», denuncian desde la asociación vecinal
La Asociación de Vecinos NovaMeira muestra públicamente su «profundo malestar» ante las notificaciones de cobro de cuatro años hacia atrás remitidas por la Oficina de Recaudación (ORAL) relativas a la tasa por entradas de vehículos en aceras ubicadas en las carreteras PO-1102 y PO-551.
Los vecinos y vecinas afectados consideran que estos cobros son «injustos y carentes de fundamento».
En el caso de la PO-1102 se trata de una carretera de titularidad de la Diputación Provincial, y desde el colectivo vecinal alegan que en su momento los vecinos y vecinas cedieron gratuitamente el terreno necesario para la ampliación de la carretera y construcción de las aceras. Además, por esas fechas se celebró un pleno municipal en el cual se estableció que no se cobrarían las entradas a los propietarios que colaboraron con la cesión de los terrenos.
No caso de la PO-551, vía de titularidad de la Xunta de Galicia, existen situaciones en las que los propios vecinos asumieron la cesión del terreno y mismo financiaron las obras mediante impuestos especiales, sufragando íntegramente la ejecución de las aceras frente a sus propiedades. En otros casos, las aceras se encuentran en un estado de conservación «claramente deficiente», consideran desde NovaMeira, «sin que las administraciones competentes realicen el mantenimiento necesario, mientras se pretende cobrar una tasa por su uso».
Desde NovaMeira entienden que «no es razonable ni proporcional exigir el pago por acceder a las propias viviendas cuando los propietarios contribuyeron a la construcción de las infraestructuras, cedieron terrenos de manera gratuita o cuando las mismas no reciben el mantenimiento adecuado por parte de las administraciones responsables». Por este motivo, la asociación solicita la revisión inmediata de estos expedientes, la paralización de los cobros y la apertura de un proceso de diálogo con las administraciones implicadas para buscar una solución «justa y consensuada».