El balance del Ministerio del Interior no deja en buen lugar a la comarca de O Morrazo y especialmente a Cangas, donde los datos muestran un incremento la criminalidad en la localidad durante 2025, especialmente en robos con violencia que subieron un 83%, de 6 a 11, y con fuerza en domicilios, de 18 a 24. También las agresiones sexuales con penetración, que pasaron de cero a 4 respecto a 2024.
Ante este panorama, el Partido Popular exige al gobierno municipal del BNG y sus socios la convocatoria inmediata de una Junta Local de Seguridad, el órgano legalmente establecido para analizar este tipo de situaciones y articular respuestas eficaces. “Esta reunión debe servir para evaluar con rigor y datos actualizados la evolución de la delincuencia en Cangas, identificar las zonas y franjas horarias con mayor incidencia, estudiar el refuerzo de la presencia policial tanto local como estatal y mejorar la coordinación entre Policía Local, Guardia Civil y Concello», demandan.
Desde el PP consideran también imprescindible que en esta coordinación se cuente con la participación de los colectivos vecinales, del comercio local y de otros agentes sociales, con el objetivo de reforzar la prevención y recuperar la confianza de la ciudadanía. Todo eso, argumentan, debe ir acompañado de una información clara y transparente a la población sobre las medidas que se van a adoptar, evitando improvisaciones y mensajes tranquilizadoras que no se corresponden con la realidad.
Los populares recuerdan que la Xunta Local de Seguridad “no es una opción política, sino una herramienta necesaria cuando se detectan problemas reales de seguridad”, y consideran “irresponsable” no activarla mientras crece la preocupación entre los vecinos. “No se puede esperar la que los delitos vayan a más para reaccionar”, señalan desde el grupo municipal.
Los datos conocidos recientemente confirman una tendencia negativa “que no puede ser ignorada ni minimizada por el gobierno local”. Desde el PP advierten de que esta situación requiere una respuesta inmediata, coordinada y transparente por parte del Concello, ya que la seguridad es un derecho básico de la ciudadanía y una condición imprescindible para la convivencia y la actividad económica.