Las asociaciones vecinales de Herbello y Espiñeira se unieron para crear una patrulla ciudadana para buscar a los responsables de los vertidos en la subida a la residencia y denunciar la falta de implicación de las instituciones
Los vecinos de Aldán no están dispuestos a que sus montes revivan el basurero de Varalonga, sellado definitivamente en 2004 por la Xunta. Era la escombrera de Cangas y de los concellos limítrofes y temiendo que el de San Cibrán acabe convirtiéndose en lo que un día fue el de Darbo decidieron ponerse manos a la obra. De una forma casi casual, pero con la preocupación como nexo común, esta semana organizaron una patrulla ciudadana para combatir la acumulación de residuos en el vial de subida a la residencia Domusvi, un punto habitual de acumulación de enseres voluminosos vertidos por “incívicos” que prefieren depositarlos en la naturaleza en lugar de hacerlo en un lugar seguro.
Impotentes de ver los colchones ocupando el margen de la vía, los sofás, libros, bañeras, electrodomésticos e, incluso, mobiliario de cocina esparcido por el entorno durante semanas, a veces meses, sin que desde el Concello o la Mancomunidad proceda a su recogida, las asociaciones de vecinos de Espiñeira y de Herbello aprovecharon un receso en el temporal y decidieron organizarse para formar una patrulla encargada de investigar la propiedad de los enseres depositados para buscar responsables. “Pensamos que iba a ser más complicado pero solo bastó con levantar algunas pertenencias para encontrar documentación con nombres propios e, incluso fotografías de personas que para nosotros eran conocidas”, explicaban a Atlántico las presidentas de ambos colectivos, Esperanza Santomé y Ana María Gutiérrez, molestas porque sean los vecinos quienes tengan que dedicar su tiempo a estos menesteres mientras las administraciones competentes se escudan en lo “difícil” que es combatir y “sancionar” a los irresponsables. “Se tiene que castigar, pero no somos nosotros quienes tenemos que hacer de detectives”, afirmaban, “para eso pagamos y vamos a pagar más, las asociaciones vecinales tienen que dedicarse a otras cuestiones y lo hacemos desinteresadamente».
En pocos minutos esos vecinos demostraron que “se puede”, supieron a quien pertenecían los residuos y también quién los había tirado. Así que cerrada esta parte de la investigación trasladaron los datos al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que proceda a la identificación de las persona responsables y pueda sancionarles.
Los vertidos voluminosos ilegales en O Morrazo conllevan sanciones municipales que oscilan generalmente entre los 600 y 3.000 euros, pudiendo llegar a ser superiores según la gravedad, tras el aumento de la vigilancia y quejas. Se prohíbe abandonar enseres en la vía pública o fuera de los puntos limpios, siendo sancionables por ordenanza. Si bien es cierto que este tipo de escombreras son cada vez más comunes en Cangas, Moaña y Bueu.