En febrero de 2026 se cumplirá un año desde que la jueza titular de la Sala 2 del Juzgado de Cangas pididiera al Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil que investigara la gestión del ciberataque al Concello de Cangas en mayo de 2023. Un proceso que continúa a día de hoy y cuya investigación “permanece abierta”, señalan fuentes del cuerpo.
La solicitud de la magistrada en aquel momento se consideró un paso trascendental en el caso porque permitiría poner “nombres y apellidos” a los “responsables” de este encriptado, del posterior contrato con la empresa Evelb Técnicas y Sistemas S.L, en aquel momento concesionaria del mantenimiento informático de las instalaciones municipales, y de las facturas que vinieron más tarde hasta alcanzar un montante que ronda los 600.000 euros.
Sin embargo, este camino se está recorriendo con extrema lentitud. Aunque la EDITE entregó un primer informe tres meses después de que la jueza le hiciese el encargo, la investigación de los agentes seguió su curso y en el Juzgado aguardan nuevos documentos para poder avanzar. Este dossier inicial de los expertos en indagar en delitos de carácter telemático, que todavía estaría sobre la mesa de la jueza, recoge “nombre y apellidos” de personas que tuvieron algún tipo de implicación y responsabilidad en este ataque. Una vez obtenga todos los datos valorará si da comienzo a una con ronda de declaraciones de las personas que tuvieron algún tipo de implicación.
Lo que no ha trascendido después de un año es si en ese listado se encuentran miembros o ex componentes del actual gobierno local o técnicos municipales. Lo que sí confirman las mismas fuentes es que, pese a que este informe no tiene carácter vinculante, si que será determinante para que la magistrada decida a quién llamará a declarar y en qué orden.