Los funcionarios del Concello de Cangas reciben una avalancha de llamadas de vecinos que quieren saber cómo funcionarán las bonificaciones en la tasa a los que no pueden contestar
Los funcionarios que atienden el teléfono de la centralita del Concello de Cangas tienen que enfrentarse cada día a las llamadas de ciudadanos que quieren saber cómo funcionarán las bonificaciones de la futura tasa de recogida de la basura aprobada por la Mancomunidade do Morrazo y que permitirían abaratar el recibo cuando entre en vigor la nueva ordenanza a partir del 1 de enero de 2026. Ocurre desde los días posteriores a su aprobación el 13 de octubre de este año, pero la respuesta de estos trabajadores municipales no es la que buscan los ciudadanos al otro lado del teléfono. Les comunican que la Mancomunidade no ha designado a ninguna persona con esta función informativa y que, por lo tanto, no les pueden facilitar los datos que solicitan porque no cuentan con la información para ello ni tampoco sería su función, ya que la Mancomunidade es un órgano supramunicipal pese a que la presidencia hasta el 31 de diciembre de 2025 recaiga en la alcaldía canguesa. A los más insistentes, los funcionarios los derivan a desplazarse al Concello e intentar localizar al concelleiro de Urbanismo, Antón Iglesias, o a la propia alcaldesa, Araceli Gestido.
MENOS BONIFICACIONES
Precisamente, sobre las bonificaciones, Alternativa dos Veciños (AV) alerta de que la reciente normativa “elimina mecanismos de protección y compensación que existían en la ordenanza anterior” en el apartado social y rural “perjudicando directamente al colectivo de baja capacidad económica y a las zonas más dispersas”. “La ordenanza anterior establecía una reducción del 50% para los contribuyentes cuyos contenedores se encontraran a más de 500 metros de la vivienda y en esta desaparece”, advierten desde Alternativa, al igual que “la Ayuda Simplificada para Jubilados o no se incluye la bonificación del 10% que se aplicaba, cuando acreditaran de manera efectiva que la vivienda estaba deshabitada durante la totalidad del período impositivo».
Además, desde AV se critica que se elimine la obligatoriedad de que los técnicos del departamento de Servicios Sociales estén obligados a emitir un informe para aplicar las reducciones por escasos ingresos, permitiendo que la verificación de la renta se realice directamente por los Servicios Tributarios.
Simplificar drásticamente los requisitos burocráticos de las bonificaciones ambientales, eliminando las
exigencias de documentación excesiva y la prueba fotográfica.
«No vamos a permitir que el vecindario pague la ineficacia y la dejadez de décadas, ni que se les exija un
coste superior a lo que legalmente me los debería financiar»