El tejido económico de Cangas, Moaña y Bueu no mostró unidad en sus propuestas, la mayoría críticas por los tramos de cobro
La primera reunión de la junta de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo y los colectivos que componen el tejido económico de Cangas, Moaña y Bueu después de la aprobación multitudinaria de la nueva ordenanza de subida de la basura se celebró en un ambiente dialogante entre ambas partes, por una lado los alcaldes de los tres municipios con el interventor del ente supramunicipal y por el otro las asociaciones de comerciantes, hosteleros, tejido industrial del Polígono de Castiñeiras y, también, vecinos a título particular que quisieron asistir para conocer los detalles de la normativa.
Fue la regidora de Moaña, Leticia Santos, quien al inicio aclaró que desde la Mancomunidade están dispuestos a “pactar” y “negociar” las alegaciones que se presenten durante los próximos 30 días, a contar desde hoy, para que todas aquellas que tengan cabida desde el punto de vista técnico puedan ser incorporadas a la ordenanza. También avanzó Santos que aquellas personas y colectivos que quieran acogerse a las diferentes modificaciones deben de solicitarlas al inicio de 2026 ya que a partir del 1 de enero es la fecha prevista para que la normativa fiscal de recogida de los residuos entre en vigor.
Si bien es cierto que hubo reuniones previas de los colectivos económicos de la comarca previas a la reunión de ayer, no se presentó una propuesta conjunta sino que cada representante expuso sus propuestas, algunas de ellas acompañadas con un amplio desglose numérico, y opiniones que en algunos casos provocaron discrepancias entre los distintos sectores comerciales. Si la hostelería de Cangas apostó por incrementar la tasa a las Viviendas Turísticas (VT) y reducir los tramos de las dimensiones de los establecimientos a los 100m2, desde las VT no se vio con buenos ojos. También varios representantes del sector de la alimentación pudieron expresar su descontento con las cifras y plantearon esta posible división de las horquillas de tamaño.
La regidora moañesa y el interventor tomaron nota de las propuestas y emplazaron a una nueva reunión dentro de quince días para poder trasladar qué alternativas son posibles y cuáles resultan inviables.
Empresas con gestores autorizados
Aunque deberá ir como una alegación, el gobierno de la Mancomunidade aclaró ayer que está dispuesto a que aquellas actividades industriales que trabajen con gestores autorizados de resíduos, como es el caso de los talleres, paguen un fijo de 400 euros más un 10 por ciento variable que dependerá del tamaño del establecimiento teniendo en cuenta la medición catastral. De esta manera se enmendaría lo que la regidora moañesa calificó de un “error por omisión”.
Por otro lado, el interventor de la Mancomunidade anunció que ha solicitado a la actual empresa concesionaria, Urbaser, un estudio que determine cuántas toneladas de residuos se recogen expresamente en el Polígono de Castiñeiras. A partir de ahí no se descarta que la tasa pueda variar en función de los ingresos por empresa.