Pese al silencio judicial y también político, la investigación del ciberataque afectó al Concello de Cangas en mayo de 2023 “sigue su curso”. Así lo confirma la propia Fiscalía, quien reconoce que aunque el caso requiere tiempo y ser minuciosos, se encuentra sobre la mesa de la titular de la Sala número 2 del Juzgado de Cangas. Así lo atestiguan también fuentes relacionadas con este caso, quien aseguran que el importante número de casos de violencia de género que llegan ralentiza otros asuntos como este.
Tal como publicaba este periódico en mayo, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil entregó al juzgado parte de los informes requeridos por la jueza con la intención de poder “identificar a los responsables” de este encriptado y del contrato posterior por valor de 197.843 euros a la empresa Evelb Técnicas y Sistemas S.L, empresa concesionaria del mantenimiento informático de las instalaciones municipales en ese momento. A partir de este informe la magistrada valoría si daba comienzo con ronda de declaraciones teniendo en cuenta esos “nombre y apellidos” a las personas que tuvieron algún tipo de implicación.
Aunque esto supuso un avance en el caso, lo cierto es que ahora es la vía judicial quien tiene que actuar. La Fiscalía, en su escrito ya vio cuatro delitos: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, daños informáticos y coacciones. En su escrito no señaló a nadie en concreto pero sí afirmó que “los responsables del Concello eran conscientes de que se adjudicó a sabiendas de que era ilegal”.