Podría reducirse dependiendo de si bajan las toneladas que se envían a Sogama o se reduce el precio del servicio. Habrá incentivos para el compostaje y por las visitas al Punto Limpio
La Mancomunidade de O Morrazo está ultimando la nueva ordenanza fiscal que incluye el incremento del recibo anual hasta los 126 euros a aplicar desde el 1 de enero de 2026. En ella también recoge que esta tasa se podrá revisar cada dos años dependiendo de si varían los costes del tratamiento de los residuos a Sogama, bien porque se reduzcan las toneladas que se envían o porque se reduzca el coste del tratamiento. Esta normativa contiene, además, incentivos con descuentos para fomentar el compostaje, las visitas al Punto Limpio y la participación del comercio en la recogida de biorresiduos puerta a puerta. También contendrá bonificaciones para hogares vulnerables, siempre vinculadas al nivel de renta de sus residentes.
Y, como novedad, esta ordenanza también creará programas que incentiven el cero desperdicio alimentario mediante convenios con entidades de fines sociales.
Según fuentes de la junta de gobierno de la Mancomunidade, el recibo de los vecinos se destinará a pagar parte del servicio de recogida de los diferentes tipos de residuos que ahora es deficitario para mejorar su calidad y eficiencia y serán los concellos de Cangas, Moaña y Bueu, como componentes del ente supramunicipal, quienes sufragen con fondos propios o a través de subvenciones externas las inversiones que requerirá el futuro contrato puente mediante el cual la entidad busca preparar el camino para la municipaliación del servivio. Eso sí, pese a que es un objetivo en el que se trabajan sus integrantes desde hace ya varios años, el rescate no será inminente.
CONTRATO PUENTE POR UNA DÉCADA
La aprobación de esta ordenanza fiscal es el primer paso para lograr este fin. El siguiente será sacar adelante los presupuestos de la Mancomunidad que recojan la realidad económica de cara a poder llevar adelante la licitación del llamado contrato puente, que tendrá una duración máxima de diez años con posibilidad de recuperar el servicio a partir del quinto. Este tiempo permitirá a los concellos crear la empresa pública a través de la cual se gestionará directamente el servicio de recogida de la basura.