La SAREB cuenta en Moaña con 32.298,01 m2 de terreno urbanizable que, además, se encuentra lleno de maleza y abandonado incumpliendo la normativa municipal. Una parcela en pleno centro del municipio, situada detrás de los colegios de Reibón y Seara, en la que se podrían construir 289 viviendas públicas para dedicarlas a alquiler social o a protección autonómica, según establece el propio plan. Esos son los cálculos que ha hecho el gobierno local del BNG y con los que reclaman al denominado ‘banco malo’ a la cesión gratuita para que la Xunta, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) pueda aumentar la oferta de vivienda pública en el municpicio.
«Imaginaros los que supondría para el mercado moañés e, incluso de O Morrazo, que se construyera este volumen de vivienda dedicadas al alquiler social o de protección gallega», expresa la alcaldesa, Leticia Santos, que junto a gran parte de su equipo, la directiva del partido a nivel local, y la diputada nacionalista Alexandra Fernández, se trasladaron hasta el lugar donde se encuentra esta extensión de terreno reconociendo que para el ejecutivo local lograrlo “sería algo fundamental para dar respuesta a toda la gran demanda que hay entre las familias más jóvenes de la villa pero también para otras personas que pasan situación de vulnerabilidad y no pueden acceder a un contrato de alquiler por las circunstancias que atraviesan y por los elevados precios que tienen que asumir para hacerlo”.
En el pleno de este jueves el BNG presentará una moción instando a la Xunta a intervenir en el mercado de vivienda en régimen de alquiler, al Gobierno central a la cesión gratuita de inmuebles y solares de la SAREB localizados en Moaña para la construcción a través del IGVS y a la administración autonómica a alcanzar acuerdos con el Concello para financiar la construcción de 10 viviendas de alquiler social en el edificio de la calle Elisa de la Peña González. También a que ambas administraciones creen ayudas por concurrencia competitiva y en función del nivel de renta para la rehabilitación de viviendas para concellos de menos de 20.000 habitantes.