Incumple el acuerdo plenario que contó con el voto favorable también de todos los partidos del gobierno de hacer estudio jurídico-económico para valorar los costes
Los vecinos de la Avenida de Espíritu Santo de Cangas podrían quedarse como están, con una calle llena de socavones que supone todo un riesgo para vehículos y peatones. La guerra política entre Concello y Diputación pone en riesgo la obra de las tuberías subterráneas de competencia municipal y la renovación del firme a la que hasta en tres ocasiones se comprometió la administración provincial con el tripartito cangués.
El gobierno local defiende que la empresa, la UTE Gestión Cangas, no aporte el aval por valor de 100.000 euros que en aplicacion de la ley impone la Diputación, cuyo presidente, Luis López, advierte a la alcaldesa, Araceli Gestido, de que “no existen razones que impidan al Concello iniciar las obras antes del 15 de febrero y acabarla antes del verano” pero “en caso contrario, la Diputación entenderá que esta actuación no es una prioridad para el gobierno local y se reservará la posibilidad de reorientar sus prioridades de inversion” aludiendo a que “todos los concellos tienen el mismo derecho a ser atendidos por esta Administración”.
Por su parte, el PP, principal partido de la oposición, acusa al Concello de actuar como “filial” de la concesionaria y exige “que se acometan las obras en la red municipal”. Recuerdan que la Diputación se comprometio a asfaltar “una vez que se realicen los trabajos” por parte del ente municipal de las tuberías de saneamiento y abastecimiento»cuyo mal estado es el origen de los socavones». “El gobierno local está defendiendo los intereses de una empresa que multiplicó por tres el presupuesto de una obra qu se debería financiar por contratao por la concesionaria y no con dinero público”, critican los populares.
La concelleira de Obras, Servizos e Mobilidade, la socialista Sagrario Martínez, ya avanzó al inicio de esta semana que el gobierno local está dispuesto a asumir también el coste del asfaltado antes de permitir que la empresa asuma el aval alegando que la Diputación no había plasmado por escrito su compromiso. El problema es que el tripartito está en minoría y necesita indiscutiblemente al menos un voto de la oposición para ampliar el gasto. Oposición, PP y AV, que ya fue muy crítica con el dinero que la UTE pide por acometer la reforma del saneamiento.