La Fiscalía denunció ante el Juzgado en octubre y, aunque inicialmente lo asumió el nº3, finalmente se ha hecho cargo del caso la sala nº2 que se encargará de la investigación
El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Cangas asume la investigación en torno al ciberataque al sistema informático del Concello en mayo de 2023 después de que la Fiscalía emitiese denuncia al detectar en la documentación en su poder hasta cuatro delitos: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, daños informáticos y coacciones. Inicialmente el asunto había recaído en el 3 pero por una cuestión de reparto fue turnado al dos, cuya titular ya habría iniciado la ronda de declaraciones antes de emitir su resolución. Una vez se produzca, se determinará si se abre juicio oral y en calidad de qué intervendrían cada uno de los implicados.
La investigación judicial todavía se encuentra en su fase inicial, aunque el auto emitido por la Fiscalía y que salió a la luz el pasado 25 de octubre era demoledor y recogía afirmaciones tan contundentes como que “los responsables del Ayuntamiento eran conscientes de que el contrato adjudicado a la empresa Evelb tenía como finalidad el pago de la cantidad negociada con los autores del ataque informático” y que, por tanto, “se adjudicó a sabiendas de que era ilegal”.
Se refiería el fiscal al contrato por valor de 197.843 euros que el actual gobierno local presidido por la nacionalista Araceli Gestido firmó por resolución de Alcaldía el 23 de junio de 2024 recurriendo al procedimiento de emergencia, solo seis días después de tomar posesión como regidora, con el concepto “servicios de auditoría de descifrado y recuperación de ransonware”. Una cantidad que el Concello abonó el mismo día de la firma del contrato pese a que la duración de los trabajos era de tres meses y cuya factura es todavía anterior. Está fechada un día antes de la rúbrica, el 22 de junio. Sobre este proceder, el ministerio fiscal hacía referencia al artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público y precisa que las administraciones solo pueden acogerse a la contratación de emergencia “a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. Hecho en el que no encajaría con el ciberataque informático al consistorio cangués.
Además, hacía referencia el fiscal, a un primer contrato que el Concello realizó el 25 de mayo a Evelb, empresa concesionaria del mantenimiento informático de las instalaciones municipales, por un importe de 5.279 euros “para el estudio forense y criptográfico de todos los sistemas afectados”. Un trabajo “inicial” con el que “la empresa informática no habría conseguido obtener un resultado satisfactorio”. Por este motivo, “no resulta acorde a los criterios de la lógica que se adjudique un contrato muy superrior (197.843 euros) a la misma empresa que ha fracasado en el primer intento”.
Con todos estos datos, la Fiscalía consideraba en su auto que podría haberse incurrido en cuatro delitos recogidos en el Código Penal. Citaba el de la prevaricación administrativa (Art. 404) por adjudicar un contrato público “a sabiendas de que era ilegal”, de malversación (Art. 433) por utilizar fondos públicos para ello, de daños informáticos (Art. 264) y de coacciones (Art. 462).
El ministerio fiscal comenzó la investigación después de que el PP (después se sumó Alternativa dos Veciños) pusiese en su conocimiento la documentación ante la sospecha de que no se había actuado correctamente, pudiendo incurrir en las acciones delictivas. A partir de aquí formuló denuncia para que el Juzgado competente, ahora el nº2 de Cangas, procediese a incoar Diligencias Previas”.